RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-040/2001

ACTOR: AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL, ACCIÓN Y UNIDAD NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE:

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

SECRETARIO: EDUARDO ARANA MIRAVAL

México, Distrito Federal, veintiséis de julio de dos mil uno.

 VISTOS: Para resolver los autos del recurso de apelación con número de expediente SUP-RAP-040/2001, promovido por la agrupación política nacional, Acción y Unidad Nacional, en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral número CG36/2001, aprobado el seis de abril del año en curso, por el que se reforma, modifica y adiciona el instructivo que deberán observar las organizaciones o agrupaciones políticas que pretendan obtener su registro como partido político nacional, y

R E S U L T A N D O:

I. El nueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, el Consejo General del Instituto Federal Electoral otorgó el registro como agrupación política nacional a Acción y Unidad Nacional.

II. El catorce de noviembre de dos mil, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, aprobó el instructivo que deberán observar las organizaciones o agrupaciones políticas que pretendan obtener el registro como partido político nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de diciembre del mismo año, que se transcribirá en la parte considerativa.

III. El treinta de enero de dos mil uno, la agrupación política nacional, Acción y Unidad Nacional, mediante escrito manifestó su intención de constituirse en partido político nacional, al Instituto Federal Electoral.

IV. El seis de abril del año en curso, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, aprobó el acuerdo por el que se reforma, modifica y adiciona el instructivo que deberán observar las organizaciones o agrupaciones políticas que pretendan obtener su registro como partido político nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho del mismo mes y año, el cual también será transcrito en la parte considerativa de esta sentencia.

V. La agrupación política nacional Acción y Unidad Nacional, inconforme con algunos puntos específicos del acuerdo anteriormente transcrito, a través de su presidente el C. Edmundo Díaz Padilla, presentó recurso de apelación haciendo valer los agravios siguientes:

“AGRAVIOS

PRIMERO:

FUENTE DEL AGRAVIO.- Causa agravio a mi representada EL ACUERDO EMITIDO Y APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 6 DE ABRIL DEL AÑO 2001, mediante el cual se Reforma, Modifica y adiciona el Instructivo que deberán observar las Organizaciones o Agrupaciones Políticas que pretendan obtener el registro como Partido Político Nacional, en el cual la responsable excediéndose de lo establecido por la ley y de las facultades otorgadas a ese órgano colegiado por la misma, establece a mi representada la obligación de cumplir una serie de requisitos y formalidades que no contempla el Código de la Materia, estableciéndolos como requisitos indispensables para la procedencia del registro como Partido Político de Acción y Unidad Nacional.

DISPOSICIONES VIOLADAS.- La responsable conculca en perjuicio de mi representada lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 22, 24, 28, 82 inciso k) y demás relativos y aplicables del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

CONCEPTO DE VIOLACIÓN: Causa agravio a mi representada el contenido del Primer Punto de acuerdo, en relación con el considerando décimo y undécimo del acuerdo que en este acto se impugna.

Indispensables (sic) para la procedencia legal del acto jurídico correspondiente, y por ende como causa de su desechamiento, como se puede apreciar en el párrafo 2, incisos b y c, que en sus segundos párrafos respectivamente establecen:

“SEGUNDO: ...

1.- ......

2.- ......

a)      .......

b)     .......

“EN EL CASO DE EXISTIR OMISIÓN DE ALGUNO DE LOS DATOS REQUERIDOS EN LAS CITADAS MANIFESTACIONES, ÉSTAS NO QUEDARÍAN INTEGRADAS CONFORME A LA LEY, TENIENDO COMO CONSECUENCIA JURÍDICA SER DESECHADAS DE PLANO Y TENERSE COMO NO ACREDITADA LA ASAMBLEA RESPECTIVA.

“SEGUNDO:......

1.- ......

2.- ......

a)      .......

b)     .......

c)      .......

EN EL CASO DE EXISTIR OMISIÓN DE ALGUNO DE LOS DATOS REQUERIDOS EN LAS CITADAS LISTAS, ÉSTAS NO QUEDARÍAN INTEGRADAS CONFORME A LA LEY, TENIENDO COMO CONSECUENCIA JURÍDICA SER DESECHADAS DE PLANO Y TENERSE COMO NO ACREDITADA LA ASAMBLEA RESPECTIVA.”

Es evidente, el exceso en que incurre la responsable al pretender que:

SEGUNDO: EL EXPEDIENTE DE LA CERTIFICACIÓN DE LA ASAMBLEA DISTRITAL O ESTATAL, SEGÚN SEA EL CASO, SE DEBERÁ INTEGRAR POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

2 ........

a)      .......

b)     ORIGINALES DE LAS MANIFESTACIONES FORMALES DE AFILIACIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE PARTICIPARON EN LA ASAMBLEA DISTRITAL O ESTATAL, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTARSE EN HOJA MEMBRETADA DE LA ORGANIZACIÓN O AGRUPACIÓN POLÍTICA QUE CORRESPONDA CON ESCRITURA LEGIBLE, ORDENADAS ALFABÉTICAMENTE Y CONTENER INVARIABLEMENTE NOMBRE COMPLETO, -APELLIDOS PATERNO, MATERNO, NOMBRE (S),- DOMICILIO, DISTRITO Y ENTIDAD FEDERATIVA, CLAVE DE CREDENCIAL PARA VOTAR (CLAVE DE ELECTOR), FIRMA AUTÓGRAFA O HUELLA DIGITAL Y LA MANIFESTACIÓN DE AFILIARSE DE MANERA VOLUNTARIA LIBRE Y PACÍFICA;

En tanto que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 28 establece en su párrafo 1, inciso a), únicamente que las manifestaciones formales que constituyen el expediente de certificación deberán contener el nombre, apellidos y residencia y clave de la credencial para votar, como a la letra dice:

“Artículo 28.

1.- Para constituir un partido político nacional, la organización interesada, notificará ese propósito al Instituto Federal Electoral entre el 1º de enero y el 31 de julio del año siguiente al de la elección, y realizará los siguientes actos previos, tendientes a demostrar que se cumple con los requisitos señalados en el artículo 24 de este Código:

a) Celebrar por lo menos en diez entidades federativas o en cien distritos electorales, una asamblea en presencia de un juez municipal, de primera instancia o de distrito, notario público o funcionario acreditado para tal efecto por el propio Instituto, quien certificará:

I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a 3,000 o 300, respectivamente, de conformidad de lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del artículo 24; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; y

II. Que con las personas mencionadas en la fracción anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, su residencia, y la clave de la credencial para votar.”

La responsable, excede sus facultades al establecer nuevos requisitos en el procedimiento establecido por la ley y al considerar que puede desechar de plano el documento que no cumpla con los requisitos antes mencionados, considerándose con la facultad de legislar, olvidando que su facultad de acuerdo al contenido del artículo 82 inciso k) consiste sólo en:

“Artículo 82.

1.- El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

k) Resolver en los términos de este Código, el otorgamiento del registro a los partidos políticos y a las agrupaciones política, así como sobre la pérdida del mismo  en los casos previstos en los incisos e) al h) del párrafo 1 del artículo 66 y c) al f) del párrafo 13 del artículo 35, respectivamente, de este Código, emitir la declaratoria correspondiente y solicitar su publicación en el Diario Oficial de la Federación;”

Cabe destacar que el inciso a) del citado artículo 28 establece que para la verificación de los requisitos, existirá un fedatario público que certificará el cumplimiento de los pedimentos establecidos por la ley, lo que aparentemente pasa por alto la responsable, al pretender incluso desconocer la veracidad de lo certificado por aquellos funcionarios señalados por el Código de la Materia como fedatarios públicos idóneos.

Lo que significa que la responsable realiza una valoración discrecional faltando al principio de certeza que debe regir la actuación de los órganos electorales, dejando con ello a mi representada en total estado de indefensión.

La misma situación ocurre respecto del contenido del inciso c) del punto 2 del Segundo resolutivo que excesivamente la autoridad establece que las listas de afiliados deberán estar selladas, foliadas y rubricadas por el fedatario público cuando en el caso concreto el multicitado artículo 28 en su mencionado párrafo 1 inciso a) no establece como requisito de procedencia el cumplimiento de estos extremos.

2.- Causa agravio a mi representada, el contenido del considerando décimo, al pretender la responsable como “PERTINENTE INCORPORAR UNA DISPOSICIÓN QUE PERMITA A LAS ORGANIZACIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS INFORMAR AL INSTITUTO CON CUANDO MENOS TRES DÍAS DE ANTICIPACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS ASAMBLEAS ESTATALES Y DISTRITALES QUE CERTIFIQUEN UN JUEZ MUNICIPAL, DE PRIMERA INSTANCIA O DE DISTRITO, O NOTARIO PÚBLICO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 28 PÁRRAFO 1 INCISO A) DEL CÓDIGO DE LA MATERIA”, lo que resulta absolutamente IMPERTINENTE, toda vez que el multicitado artículo 28 no establece como obligación de la Agrupación política que pretenda constituirse como partido, hacer del conocimiento del Instituto la celebración de sus Asambleas Estatales o Distritales.

Ello es así porque el inciso a) del párrafo 1 del artículo en comento establece con toda claridad que las asambleas estatales o distritales se celebrarán en presencia de un juez municipal, de primera instancia o de distrito, notario público o funcionario acreditado para tal efecto por el propio Instituto, lo que implica que es potestativo para la agrupación política elegir al funcionario que certificará la celebración de la asamblea.

En ningún momento se señala la obligación de notificar al Instituto de la celebración de las Asambleas, pues la ley de la materia reconoce como ciertos todos y cada uno de los actos verificados y certificados por los fedatarios públicos que al efecto menciona, lo que evidentemente desconoce la responsable en el acuerdo que hoy se recurre.

Pues es muy clara la diferenciación o distingo que realiza la ley al señalar que en el caso de la celebración de la Asamblea Nacional Constitutiva (y sólo para ese caso), es obligación de la Agrupación Política llevarla a cabo en presencia de un funcionario designado por el Instituto Federal Electoral, establecido en el ya citado inciso b) del artículo 28 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

3.- Causa agravio a esta Agrupación Política la falta de certeza que da a mi representada el contenido del acuerdo que hoy se combate, al modificar las reglas de un procedimiento una vez iniciado el mismo.

Pues si bien es cierto, es obligación de la responsable la verificación del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos por la ley electoral para la consecución del registro como Partido Político Nacional, que deben cumplir las Organizaciones y Agrupaciones Políticas, también lo es que su actuación deberá estar envestida de una absoluta CERTEZA, que permita a los aspirantes conocer con la debida seguridad las reglas del procedimiento desde su inicio, sin estar sujetas a modificaciones caprichosas, que atienden a valoraciones subjetivas que son a todas luces violatorias de los principios rectores de la actuación electoral consagrados en la fracción III del artículo 41 constitucional.

Dejando con dichos cambios a mi representada en estado de incertidumbre dado que en esas condiciones, nunca los Acuerdos del Consejo General del Instituto Federal Electoral serán ciertos y definitivos para la debida observancia y cumplimiento de los mismos.

Lo que resulta una evidente violación al principio de legalidad establecido por el artículo 14 de la Constitución General de la República, al pretender aplicarnos una norma que no fue creada con anterioridad a nuestra manifestación de constituirnos como Partido Político, sino pretender su modificación una vez iniciado el procedimiento y más aún considerar su cumplimiento indispensable para la consecución del derecho protegido.

4.- Causa agravio a mi representada el contenido del punto Sexto del Primer punto de Acuerdo, hoy recurrido, señalar que es poseedor de una facultad omnipotente para establecer los parámetros para la verificación de los actos realizados por las Agrupaciones Políticas en su camino a la consecución de su Registro como Partido Político Nacional, al decir:

“SEXTO. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO, ESTABLECERÁ Y DARÁ A CONOCER LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN QUE SE UTILIZARÁN PARA REVISAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES O AGRUPACIONES POLÍTICAS QUE SOLICITEN SU REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL”

Como es visto, la responsable no conforme con establecer criterios desproporcionados a los que marca la ley, se atribuye una super facultad para determinar a su libre arbitrio parámetros de valoración desconocidos para mi representada, e inclusive para el propio Consejo General, confirmando con ello la falta de certeza con que se ha venido manejando a lo largo de este acuerdo.

Sirve de sustento a las manifestaciones vertidas en el presente ocurso las siguientes tesis:

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SUS ACUERDOS DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LEGALIDAD.- (Se transcribe)

TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL. GARANTE DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- (Se transcribe)

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SUS ACUERDOS DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LEGALIDAD.- (Se transcribe)

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- (Se transcribe)

ACTO RECLAMADO, FUNDAMENTACIÓN DEL (AMPARO ADMINISTRATIVO).- (Se transcribe)”

VI. A las diecisiete horas con veintisiete minutos del veinticuatro de mayo de dos mil uno, en la oficialía de partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fueron recibidos los documentos remitidos por el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los cuales se encuentra el escrito de demanda que da origen a esta instancia, incluyendo todas las constancias relativas a la publicación del medio de impugnación en las que se asientan que no se presentó tercero interesado y el informe circunstanciado respectivo.

VII. Por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil uno, se turnó el expediente en que se actúa, al Magistrado Electoral José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, para los efectos precisados en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VIII. El veinticinco de julio de dos mil uno, el Magistrado Instructor tuvo por radicado el expediente; admitió a trámite el recurso de apelación; tuvo por ofrecidas y admitidas las pruebas de la parte actora; y en el mismo acto declaró cerrada la instrucción, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso a) y 189, fracción I, incisos c) y d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3, párrafo 2, inciso b), 4 y 44 párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, está facultada para conocer y resolver en única instancia y en forma definitiva e inatacable, los recursos de apelación promovidos por las agrupaciones políticas en contra de los actos emitidos por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

SEGUNDO. Previamente al estudio de fondo de la controversia planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que en la especie puedan actualizarse, las aleguen o no las partes, por ser su examen preferente y de orden público, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que de actualizarse alguna de ellas sería innecesario estudiar el fondo del presente asunto. Al respecto la autoridad electoral administrativa federal en la presente instancia, alega que el recurso de apelación que nos ocupa debe ser desechado de plano por actualizarse causales de notoria improcedencia establecidas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues a su decir:

a)     Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), en relación con el artículo 8 del ordenamiento en cita, consistente en el consentimiento tácito del acto por parte del actor, al no haberlo impugnado en los plazos legalmente establecidos para ello, argumentando que como se desprende del escrito de apelación y de todos y cada uno de los puntos del acuerdo respecto de los cuales se inconforma el recurrente, habían sido previamente aprobados por el propio Consejo General en sesión de fecha catorce de noviembre de dos mil, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de diciembre del mismo año, y que en esa virtud el plazo para que impugnara el acuerdo referido en los aspectos aprobados en esa fecha corrió del siete al doce de diciembre del año próximo pasado, sin que así lo haya hecho; y

b)    Porque omite en señalar de manera expresa y clara los agravios que le causa el acuerdo impugnado, aun y cuando haya dispuesto de un apartado de agravios, agregando que además de la lectura de los hechos, no se aprecian agravios en su connotación estrictamente jurídica, contraviniendo el inciso e), del párrafo 1 del artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, considera que las causales de improcedencia alegadas por la autoridad administrativa electoral responsable se deben desestimar del todo por lo siguiente:

En relación a la causal de improcedencia del inciso a), en la que dice la autoridad electoral administrativa responsable que hubo consentimiento tácito del acto por parte de la actora al no haberlo impugnado en el plazo legalmente establecido para ello, pues del escrito del recurso de apelación y de todos y cada uno de los puntos del acuerdo respecto de los cuales se inconforma la apelante habían sido previamente aprobados por la autoridad responsable en el año dos mil, y que lo anterior actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), en relación con el diverso artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desestima por lo siguiente: a) primero porque el autor manifiesta que se inconforma en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que reforma el instructivo que deberán observar las organizaciones o agrupaciones políticas que pretendan obtener su registro como partido político nacional, aprobado el seis de abril del año en curso y publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho del mismo mes y año, y b) segundo porque esta Sala Superior no puede, previo a la admisión del recurso de apelación que nos ocupa, pronunciarse respecto a que las inconformidades o agravios que se contienen en él, se encaminen a combatir un acuerdo anteriormente aprobado por la autoridad responsable, pues su análisis es cuestión del estudio de fondo de dicho medio de impugnación, es decir, cuando es admitido, que es donde realmente se está en aptitud de valorar tal situación.

Ahora bien, del anterior criterio se desprende que la causal de improcedencia que se estudia, se puede actualizar ante el análisis de los agravios, lo cual como ya se señaló no se puede hacer sino hasta que se esté en el estudio de fondo del recurso de apelación y se dicte la resolución correspondiente, independientemente de lo anterior, se debe tener presente, que si una vez admitido el recurso de apelación, se hiciera patente el consentimiento tácito del acto reclamado por parte de la actora, tal y como lo hizo valer la autoridad electoral responsable, no sería obstáculo esa admisión, para determinar el sobreseimiento respectivo por actualizarse la causal de improcedencia sobre el consentimiento del acto reclamado, en conformidad con el inciso b), párrafo 1 del artículo 10, en relación con el diverso inciso c), párrafo 1 del artículo 11 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Es oportuno establecer, para que se actualice dicha causal de improcedencia y amerite el sobreseimiento del medio de impugnación mencionado, la totalidad de los agravios contenidos en él, deben revestir el consentimiento tácito del acto reclamado.

Por último, de una lectura somera del escrito que da origen a esta instancia jurisdiccional, es especial del capítulo de agravios, sin prejuzgar, se puede apreciar que se combate el acuerdo por violar en perjuicio de la agrupación política actora el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 de la Constitución General de la República, con el establecimiento de una norma que no fue creada con anterioridad a su manifestación de constituirse en partido político nacional, y el establecimiento de requisitos no contemplados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, circunstancias atendibles para hacer su análisis en el estudio de fondo pertinente.

Por lo que respecta a la causal de improcedencia contenida en el inciso b), donde la autoridad responsable esencialmente argumenta que se debe desechar la apelación toda vez que la agrupación política actora omite señalar de manera expresa y clara los agravios que le causa el acuerdo impugnado, al respecto cabe establecer que si bien el artículo 9, párrafo 1, inciso e) de la ley en cita, dispone que los medios de impugnación en materia electoral deben de cumplir entre otros, con el requisito de mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación y los agravios que cause el acto o resolución impugnado, tales requisitos se deben de entender en sentido formal, relativos a su establecimiento como requisitos de procedencia, y no a su análisis propiamente, toda vez que ello presupone entrar al estudio de fondo del recurso que nos ocupa. Asimismo, es pertinente señalar que el desechamiento de los medios de impugnación en materia electoral, en relación a los hechos y agravios que establece el párrafo 3, del artículo 9 de la ley en cita, sólo se refiere al caso en que no existan agravios expuestos en el escrito de impugnación, o en el caso de existir solo hechos, de éstos, no se pueda deducir agravio alguno, y en el presente caso en el escrito que da origen a esta instancia jurisdiccional claramente se nota la existencia de un capítulo de hechos y uno de agravios.

Cabe establecer que en el recurso de apelación es dable para esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la suplencia en las deficiencias u omisiones en los agravios cuando los mismos pueden ser deducidos claramente de los hechos expuestos en conformidad con el artículo 23, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Asimismo, se tiene presente para el estudio de la controversia que se somete a su conocimiento, la tesis de jurisprudencia número S3ELJ 04/99, sustentada por esta Sala Superior, y publicada en la Revista Justicia Electoral de este Tribunal, en el suplemento número 3, página 17, cuyo texto es del tenor siguiente:

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento de autor del medio de impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende.

Sala Superior. S3ELJ 04/99

TERCERO. En el capítulo de agravios respectivo, la agrupación política actora señala esencialmente los siguientes:

1. Que le causa agravio el acuerdo de seis de abril del año en curso, mediante el cual, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, reforma, modifica y adiciona el instructivo que deberán observar las organizaciones o agrupaciones políticas que pretendan obtener el registro como partido político nacional, porque se excede de lo establecido en la ley, y de las facultades que le otorga la misma, estableciéndole la obligación de cumplir una serie de requisitos y formalidades que no contempla el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, indispensables para la procedencia del registro mencionado, conculcando en su perjuicio los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 22, 24, 28 y 82, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

2. Que le causa agravio el contenido del primer punto de acuerdo en relación con el considerando décimo y undécimo del acuerdo que impugna, por lo siguiente:

a) Porque para la procedencia legal del acto jurídico correspondiente, y por ende como causa de su desechamiento, al establecer en el punto segundo de acuerdo, párrafo 2, incisos b) y c), en sus segundos párrafos, que:

“SEGUNDO: ...

1.- ...

2.- ...

 a)...

 b)...

“EN EL CASO DE EXISTIR OMISIÓN DE ALGUNO DE LOS DATOS REQUERIDOS EN LAS CITADAS MANIFESTACIONES, ÉSTAS NO QUEDARÍAN INTEGRADAS CONFORME A LA LEY, TENIENDO COMO CONSECUENCIA JURÍDICA SER DESECHADAS DE PLANO Y TENERSE COMO NO ACREDITADA LA ASAMBLEA RESPECTIVA.”

“SEGUNDO: ...

1.- ...

2.- ...

 a)...

 b)...

 c) ...

“EN EL CASO DE EXISTIR OMISIÓN DE ALGUNO DE LOS DATOS REQUERIDOS EN LAS CITADAS LISTAS, ÉSTAS NO QUEDARÍAN INTEGRADAS CONFORME A LA LEY, TENIENDO COMO CONSECUENCIA JURÍDICA SER DESECHADAS DE PLANO Y TENERSE COMO NO ACREDITADA LA ASAMBLEA RESPECTIVA.”

Continua argumentando el apelante que, es evidente el exceso en que incurre la autoridad responsable, al pretender también que:

“SEGUNDO: EL EXPEDIENTE DE LA CERTIFICACIÓN DE LA ASAMBLEA DISTRITAL O ESTATAL, SEGÚN SEA EL CASO, SE DEBERÁ INTEGRAR POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

2 ......

 a) .....

 b) ORIGINALES DE LAS MANIFESTACIONES FORMALES DE AFILIACIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE PARTICIPARON EN LA ASAMBLEA DISTRITAL O ESTATAL, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTARSE EN HOJA MEMBRETADA DE LA ORGANIZACIÓN O AGRUPACIÓN POLÍTICA QUE CORRESPONDA CON ESCRITURA LEGIBLE, ORDENADAS ALFABÉTICAMENTE, Y CONTENER INVARIABLEMENTE, NOMBRE COMPLETO, -APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S)-, DOMICILIO, DISTRITO Y ENTIDAD FEDERATIVA, CLAVE DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR (CLAVE DE ELECTOR), FIRMA AUTÓGRAFA O HUELLA DIGITAL Y LA MANIFESTACIÓN DE AFILIARSE DE MANERA VOLUNTARIA, LIBRE Y PACÍFICA;”.

En tanto, continua argumentando el apelante, que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 28, párrafo 1, inciso a), únicamente establece que las manifestaciones formales que constituyen el expediente de certificación, deberán contener el nombre, apellidos y residencia y clave de la credencial para votar, por lo que la autoridad responsable excede sus facultades al establecer nuevos requisitos en el procedimiento establecido por la ley, y al considerar que puede desechar de plano el documento que no cumpla con los requisitos antes mencionados; considerándose con facultad de legislar, olvidando que su facultad solo consiste en el contenido del artículo 82, párrafo 1, inciso k) del código antes citado. Sigue diciendo el actor, que cabe destacar que el inciso a), párrafo 1 del citado artículo 28, establece que para la verificación de los requisitos, existirá un fedatario público que certificará el cumplimiento de los pedimentos establecidos por la ley, como aparentemente pasa por alto la responsable, al pretender incluso desconocer la veracidad de lo certificado por aquellos funcionarios, como fedatarios públicos idóneos. Lo que significa que la autoridad responsable realice una valoración discrecional faltando al principio de certeza que debe regir su actuación, dejándola con ello en total estado de indefensión .

Que de igual forma, le agravia que la autoridad electoral responsable se exceda al establecer en el inciso c), numeral 2 del punto segundo del acuerdo impugnado, que las listas de afiliados deberán estar selladas, foliadas y rubricadas por el fedatario responsable, cuando en el caso concreto, el ya citado artículo 28 del código de la materia, no establece como requisito de procedencia el cumplimiento de estos extremos.

b) Que le causa agravio el contenido del considerando décimo al pretender la autoridad responsable como:

“10.- ... PERTINENTE INCORPORAR UNA DISPOSICIÓN QUE PERMITA A LAS ORGANIZACIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS INFORMAR AL INSTITUTO CON CUANDO MENOS TRES DÍAS DE ANTICIPACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS ASAMBLEAS ESTATALES O DISTRITALES QUE CERTIFIQUEN UN JUEZ MUNICIPAL, DE PRIMERA INSTANCIA O DE DISTRITO, O NOTARIO PÚBLICO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO 1, INCISO A) DEL CÓDIGO DE LA MATERIA.”

Lo cual resulta, a su parecer, absolutamente impertinente toda vez que el artículo 28 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no establece como obligación de la agrupación política que pretenda constituirse como partido político nacional, hacer del conocimiento del Instituto Federal Electoral la celebración de sus asambleas estatales o distritales. Que lo anterior es así, porque dicho artículo, establece con claridad que las mencionadas asambleas se celebrarán en presencia de un juez municipal, de primera instancia o de distrito, notario público o funcionario acreditado por parte del propio instituto, lo que implica que es potestativo para la agrupación política aspirante elegir al funcionario que certificará la asamblea respectiva. Además de que el propio código reconoce como ciertos, todos y cada uno de los actos verificados y certificados por los fedatarios públicos mencionados, lo que evidentemente desconoce la responsable en el acuerdo impugnado. Y que sólo es obligación de la agrupación política llevar a cabo en presencia de un funcionario del Instituto Federal Electoral la Asamblea Nacional Constitutiva.

c) Que le causa agravio el acuerdo impugnado, al modificar las reglas de un procedimiento una vez iniciado el mismo, ocasionando falta de certeza, pues su actuación siempre debe estar envestida de absoluta certeza que permita a los aspirantes conocer con seguridad las reglas del procedimiento desde su inicio, sin estar sujeta a modificaciones caprichosas, a todas luces violatorias de los principios rectores que deben regir su actuación, ya que con dichos cambios la deja en un estado de incertidumbre, pues los acuerdos de la autoridad responsable no serán ciertos y definitivos para su debida observancia y cumplimiento, lo que resulta una violación al principio de legalidad del artículo 14 constitucional, al pretender aplicar una norma que no fue creada con anterioridad a su manifestación de constituirse como partido político nacional, y mas aún considerar su cumplimiento indispensable para la consecución de ese derecho.

d) Que le agravia el punto sexto del acuerdo impugnado, pues la autoridad responsable se atribuye una super facultad para determinar a su libre arbitrio parámetros para la verificación y valoración de los actos realizados por las agrupaciones políticas para obtener su registro como partido político nacional, parámetros desconocidos para la actora, e inclusive para la propia autoridad responsable, confirmando la falta de certeza del acuerdo impugnado, al establecer:

“SEXTO: EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO, ESTABLECERÁ Y DARÁ A CONOCER LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN QUE SE UTILIZARÁN PARA REVISAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES O AGRUPACIONES POLÍTICAS QUE SOLICITEN SU REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL.”

Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, considera pertinente establecer que el agravio reseñado en el numeral 1, es un argumento general, pues se hace referencia al acuerdo impugnado, señalando solamente que la autoridad responsable se excede de lo establecido en la ley, y de las facultades que la misma le otorga, al establecerle la obligación de cumplir una serie de requisitos y formalidades que no contempla el código electoral federal, indispensables para obtener su registro como partido político nacional, violando la normatividad que cita, argumentación que la propia agrupación política apelante, posteriormente lo convierte en agravios específicos y particulares en el agravio identificado con el numeral 2, que se divide en cuatro incisos, también reseñado, entonces en estos casos, lo recomendable es realizar el análisis de los agravios específicos, pues lógicamente la suerte que corran éstos últimos, será la misma del agravio general reseñado en el numeral 1.

Así mismo esta Sala Superior, considera pertinente, para realizar el análisis de los agravios formulados por la agrupación política actora, contenidos en el número 2, reproducir el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil, por el que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, aprobó el instructivo que deberán observar las organizaciones o agrupaciones políticas que pretendan obtener el registro como partido político nacional, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de diciembre del mismo año; así como el del seis de abril de dos mil uno, por el que dicha autoridad, aprobó el acuerdo por el que se reforma, modifica y adiciona el instructivo antes mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho del mismo mes y año.

De las transcripciones anteriores, se aprecia lo siguiente:

1. Existen antecedentes distintos, mientras que en el acuerdo del catorce de noviembre de dos mil, se da cuenta de la normatividad que ha regido lo relativo al registro de agrupaciones políticas y partidos políticos nacionales; en el acuerdo del seis de abril de dos mil uno, únicamente se da como antecedente el acuerdo mencionado primeramente.

2. En los considerandos del acuerdo del seis de abril del año en curso, se observa que los numerados como: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, coinciden con los considerandos  del acuerdo del catorce de noviembre del año dos mil, números 6, 3, 4, 5, 7, 10, 14 respectivamente. También se observa que los considerandos del acuerdo de seis de abril del año en curso, que van del 8 al 11 son novedad en relación con el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil.

3. Por lo que respecta a los puntos de acuerdo propiamente, se ve como novedad en el acuerdo de seis de abril de dos mil uno, las siguientes adiciones:

a)  En el punto segundo, numeral 2, inciso b), último párrafo:

“AGRUPAR POR SEPARADO LOS ORIGINALES DE LAS MANIFESTACIONES FORMALES DE AFILIACIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE NO PARTICIPARON EN LA ASAMBLEA. DICHAS CÉDULAS DE AFILIACIÓN DEBERÁN ESTAR FOLIADAS Y RUBRICADAS POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE Y ORDENADAS ALFABÉTICAMENTE ADEMÁS, DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ENLISTADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES.”

b) En el punto tercero, párrafos segundo y tercero:

“TRATÁNDOSE DE LAS ASAMBLEAS ESTATALES O DISTRITALES QUE VAYAN A SER CERTIFICADAS POR UN JUEZ MUNICIPAL, DE PRIMERA INSTANCIA O DE DISTRITO, O NOTARIO PUBLICO, LAS ORGANIZACIONES O AGRUPACIONES POLÍTICAS DEBERÁN COMUNICAR MEDIANTE ESCRITO DIRIGIDO AL DIRECTOR EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, CON UN MÍNIMO DE CINCO DÍAS DE ANTICIPACIÓN EL DÍA, LA HORA Y DIRECCIÓN O LUGAR EXACTO DONDE SE REALIZARA LA ASAMBLEA.

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, DARÁ A CONOCER A COLEGIOS DE NOTARIOS, JUZGADOS DE DISTRITO, ASÍ COMO A LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EL PRESENTE INSTRUCTIVO QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS ORGANIZACIONES O AGRUPACIONES POLÍTICAS, QUE PRETENDAN OBTENER SU REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL EN LA CELEBRACIÓN DE SUS ASAMBLEAS.”

El mismo acuerdo en el punto tercero, primer párrafo, la palabra sombreada, cinco fue la única que se modificó, ya que el texto original del acuerdo contemplaba tres.

Una vez establecido lo anterior, se considera conveniente hacer el análisis en conjunto de los agravios resumidos anteriormente en los incisos a), b) y d), del numeral 2, los cuales son inoperantes, por lo siguiente.

Para el estudio de los mencionados agravios se debe de tener en cuenta que la afectación que produce todo acto de autoridad (lato sensu), se manifiesta en la lesión a cualquier derecho o interés jurídico de una persona, o sea, es el agravio que se ocasiona, que puede provenir de una ley o de un acto (stricto sensu), como lo es una sentencia, o una resolución.

En este orden, el artículo 99, párrafo cuarto, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de la misma y según lo disponga la ley sobre las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal que violen normas constitucionales o legales; la base IV, del artículo 41 de la propia Carta Magna establece que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que ella misma señala y de la ley. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece en el inciso a), párrafo 1, del artículo 3, que el sistema de medios de impugnación que regula, tienen por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y legalidad.

Ahora bien, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, de conformidad con el inciso z), párrafo 1, del artículo 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuenta con la facultad para expedir acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las que el código le señala, siendo éstas disposiciones de carácter general, abstractas e impersonales, características de un reglamento; así mismo conforme a los incisos k) y u), del mismo párrafo y precepto, cuenta dicha autoridad administrativa con competencia para dictar resoluciones.

Por lo tanto, a través del recurso de apelación, las personas legitimadas pueden impugnar los acuerdos generales, reglamentos, instructivos, lineamientos, etc. del Consejo General del Instituto Federal Electoral, cuando con su simple entrada en vigor, se violente la normatividad tanto constitucional como legal en menoscabo o daño en su acervo jurídico; o bien interponer el propio medio cuando se resiente un agravio por la aplicación concreta de los mismos. Por consiguiente, también existen momentos oportunos para interponer el recurso de apelación, que corren según sea el caso, a partir de la entrada en vigor de la norma que se considera violatoria de los principios de legalidad y constitucionalidad, (acuerdo general, reglamento, instructivo, lineamientos, etc.); o bien a partir de la aplicación concreta de los propios acuerdos generales, etc.

En este sentido, como fácilmente se puede apreciar del escrito de demanda que da origen a esta instancia jurisdiccional el actor se queja de la emisión de un acuerdo general, abstracto e impersonal, como lo es el instructivo que deberán observar las organizaciones o agrupaciones políticas que pretendan obtener su registro como partido político nacional, por considerar que su sola expedición le engendra afectación a su esfera jurídica, lo cual hace inoperantes los agravios en estudio, por no ser oportuna la impugnación que en ellos se contiene, como se verá mas adelante, ahora si lo que trata de demostrar la actora es un inminente perjuicio en su status legal, cabe establecer que mientras no exista acto concreto de aplicación del acuerdo impugnado, no puede existir daño alguno y por eso, sólo hasta que se dé la afectación real del derecho de la agrupación es cuando tendrá la posibilidad de impugnar el mismo, alegando si lo considera pertinente vicios en la reglamentación como sería su no concordancia con los principios constitucionales o legales.

Para aclarar lo anterior, se hace necesario las precisiones siguientes:

En efecto, el contenido de dichos agravios se encaminan a controvertir el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de diciembre del mismo año, a través del cual el Consejo General del Instituto Federal Electoral expidió el instructivo que deberán observar las organizaciones o agrupaciones políticas que pretendan obtener el registro como partido político nacional, por lo que su impugnación debe ser considerada como no oportuna, pues de conformidad por lo dispuesto en el artículo 8, en relación con el diverso artículo 6, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el plazo que tienen las personas legitimadas para interponer el recurso de apelación, se compone de cuatro días, contados a partir del siguiente al en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones que prevé expresamente el código de la materia, y el artículo 30, párrafo 2 del propio ordenamiento que determina:

“2. No requerirán de notificación personal y surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación o fijación, los actos o resoluciones que,  en los términos de las leyes aplicables o por acuerdo del órgano competente, deban hacerse públicos a través del Diario Oficial de la Federación o los diarios o periódicos de circulación nacional o local, o en lugares públicos o mediante la fijación de cédulas en los estrados de los órganos del Instituto y de las Salas del Tribunal Electoral.”

Ahora bien, el acuerdo por el que se expidió el instructivo que deberán observar las organizaciones o agrupaciones políticas que pretendan obtener el registro como partido político nacional, en su texto original, como ya se señaló, fue aprobado en sesión ordinaria por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el catorce de noviembre de dos mil, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de diciembre del mismo año, por lo que su notificación surtió sus efectos el jueves siete del mismo mes y año.

Consecuentemente, el plazo que tuvieron los interesados legitimados para interponer el recurso de apelación contra dicho acuerdo, en su texto original, comenzó a correr el viernes ocho de diciembre de dos mil y concluyó el miércoles trece del mismo mes y año.

Ahora bien, en el texto original del acuerdo en cita, ya había quedado desde entonces, incorporada la regulación de la que se inconforma en los agravios en estudio la agrupación política actora, como se ve enseguida.

En relación al agravio del inciso a), la agrupación política actora se inconforma del acuerdo de reforma, de la siguiente forma:

a)     De manera precisa, haciendo la transcripción, en contra del contenido de los segundos párrafos, de los incisos b) y c) del numeral 2, del punto segundo de acuerdo;

b)    También de manera directa y precisa en el mismo agravio, se inconforma y transcribe el contenido del primer párrafo, del inciso b), del numeral 2, del mismo punto segundo de acuerdo, y

c)     Al final del agravio en estudio, de igual  forma  se inconforma del contenido del párrafo primero del inciso c), del numeral 2, del punto segundo de acuerdo.

De lo anterior se desprende que las disposiciones de las que se inconforma la agrupación política actora en este agravio, todas pertenecen al punto segundo de acuerdo, y en específico impugna el contenido de los párrafos primero y segundo del inciso b) y todo el inciso c) del numeral 2. Así mismo se desprende que no impugna el contenido del numeral 1; los incisos a) y d) del numeral 2, y del tercer párrafo del inciso b), del numeral 2, (única parte que fue adicionada en este punto de acuerdo, a través de acuerdo impugnado, como se anotó anteriormente), del propio punto segundo de acuerdo.

Sin embargo, las disposiciones de las que se queja la apelante en este agravio, no sufrieron reforma, modificación o adición alguna, quedando en su texto original, como se constata de la lectura de los párrafos primero y segundo del inciso b) y de todo el inciso c), del numeral 2, del punto segundo de acuerdo, del texto original, de catorce de noviembre de dos mil, como del reformado, de seis de abril del año en curso, que se contienen en la tabla que para tal efecto se elaboró, en este considerando, a la cual se remite a efecto de no recargar innecesariamente esta resolución.

En consecuencia, resultan igualmente inatendibles los demás argumentos del agravio en estudio, los cuales giran en torno a las supuestas disposiciones reformadas, pues al no sufrir éstas, reforma, modificación o adición, el actor funda sus alegatos en una premisa falsa, pues de lo anteriormente manifestado, resulta evidente sin lugar a duda, que desde el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil, la regulación en comento ya existía.

Por lo que toca al agravio reseñado en el inciso b) del numeral 2, en el que esencialmente la actora se queja de que el artículo 28 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no establece como obligación de las agrupaciones políticas que pretendan constituirse en partido político nacional, deban hacer del conocimiento del Instituto Federal Electoral, la celebración de las Asambleas Distritales o Estatales, esta Sala Superior considera que si bien el artículo 28 del Código sustantivo mencionado, no establece dicha obligación, el acuerdo original, ya contemplaba esa obligación, como se verá enseguida.

La primera parte del considerando décimo del que se duele la agrupación política actora, establece lo siguiente:

“10.- QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 82, PÁRRAFO 1, INCISOS K) Y Z) DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN RELACIÓN CON EL PUNTO PRIMERO PÁRRAFO 1, INCISO E) DEL INSTRUCTIVO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS ORGANIZACIONES O AGRUPACIONES QUE PRETENDAN OBTENER EL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, Y RECONOCIENDO LA DIFICULTAD QUE PUEDE REPORTARLES A LAS ORGANIZACIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS PROGRAMAR EN UNA AGENDA PRELIMINAR CON TODA PRECISIÓN LA FECHA Y LUGAR EN QUE SE CELEBRARAN LAS ASAMBLEAS ESTATALES O DISTRITALES, CON LA CONSIGUIENTE NECESIDAD DE ESTAR ADECUANDO DICHOS DATOS, MÁXIME TRATÁNDOSE DE LAS ASAMBLEAS QUE SERÁN CERTIFICADAS POR FUNCIONARIOS DISTINTOS DE LOS QUE PARA ESE EFECTO ACREDITE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ESTE ÓRGANO ELECTORAL CONSIDERA PERTINENTE INCORPORAR UNA DISPOSICIÓN QUE PERMITA A LAS ORGANIZACIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS INFORMAR AL INSTITUTO CON CUANDO MENOS TRES DÍAS DE ANTICIPACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS ASAMBLEAS ESTATALES O DISTRITALES QUE CERTIFIQUEN UN JUEZ MUNICIPAL, DE PRIMERA INSTANCIA O DE DISTRITO, O NOTARIO PÚBLICO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO 1, INCISO A ) DEL CÓDIGO DE LA MATERIA.”

Cabe recordar que la apelante se inconforma de la segunda parte de este considerando, ahora bien, la cita que se hace en dicho considerando, de la regulación del acuerdo en su punto primero, numeral 1, inciso c), éste dispone:

“PRIMERO.- TODA ORGANIZACIÓN O AGRUPACIÓN POLÍTICA QUE PRETENDA CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DEBERÁ NOTIFICAR POR ESCRITO TAL PROPÓSITO AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2001, PRESENTANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

1.- EL ESCRITO DE NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ DIRIGIRSE AL CONSEJO GENERAL Y ENTREGARSE EN LA PRESIDENCIA O SECRETARÍA EJECUTIVA, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:

....

e)      UNA AGENDA PRELIMINAR DE LAS POSIBLES FECHAS Y LUGARES EN DONDE SE PRETENDAN LLEVAR A CABO SUS ASAMBLEAS DISTRITALES O ESTATALES Y NACIONAL, A EFECTO DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO RECTOR DE CERTEZA QUE DEBE REGIR TODAS LAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO;

...”

Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, considera, que de los transcritos, considerando décimo del acuerdo reformado y del inciso e), numeral 1 del punto primero del acuerdo del original, (disposición que no sufrió reforma, modificación o adición en el acuerdo que reforma), se puede evidenciar que en “la obligación de las agrupaciones políticas que pretendan obtener su registro como partido político nacional, de hacer del conocimiento del Instituto Federal Electoral, las posibles fechas y lugares de la celebración de sus asambleas distritales o estatales requeridas por el código de la materia, para la consecución de ese registro, al propio momento de notificar ese propósito a dicho órgano electoral administrativo federal”, ya existía desde el acuerdo original de catorce de noviembre de dos mil, si bien en una parte distinta, a la que aparece en el acuerdo impugnado.

En consecuencia, al igual que el agravio anterior, los argumentos que en base a dicho considerando se hacen valer deben ser inatendidos, pues parten de la premisa falsa de que tal disposición innova la obligación de avisar al Instituto Federal Electoral, la celebración de las asambleas distritales y estatales, la cual como, ya se dijo existía desde el acuerdo originario de catorce de noviembre de dos mil. Para evidenciar lo anterior, se hacen las precisiones siguientes:

Primero se transcribe el punto primero, apartado 1, inciso e) del acuerdo de catorce de noviembre de dos mil:

“PRIMERO.- TODA ORGANIZACIÓN O AGRUPACIÓN POLÍTICA QUE PRETENDA CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DEBERÁ NOTIFICAR POR ESCRITO TAL PROPÓSITO AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2001, PRESENTANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

1. EL ESCRITO DE NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ DIRIGIRSE AL CONSEJO GENERAL Y ENTREGARSE EN LA PRESIDENCIA O SECRETARÍA EJECUTIVA, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:

a) NOMBRE COMPLETO DE LA ORGANIZACIÓN O AGRUPACIÓN POLÍTICA;

b) NOMBRE O NOMBRES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA MISMA;

c) DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES;

d) NOMBRE PRELIMINAR DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL A CONSTITUIRSE, ASÍ COMO EL EMBLEMA Y EL COLOR O COLORES QUE LO CARACTERICEN Y DIFERENCIEN DE OTROS PARTIDOS POLÍTICOS;

e) UNA AGENDA PRELIMINAR DE LAS POSIBLES FECHAS Y LUGARES EN DONDE SE PRETENDAN LLEVAR A CABO SUS ASAMBLEAS DISTRITALES O ESTATALES Y NACIONAL, A EFECTO DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO RECTOR DE CERTEZA QUE DEBE REGIR TODAS LAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO;

...”

Segundo se transcribe el punto tercero, párrafo segundo del acuerdo de seis de abril de dos mil uno:

“TRATÁNDOSE DE LAS ASAMBLEAS ESTATALES O DISTRITALES QUE VAYAN A SER CERTIFICADAS POR UN JUEZ MUNICIPAL, DE PRIMERA INSTANCIA O DE DISTRITO, O NOTARIO PÚBLICO, LAS ORGANIZACIONES O AGRUPACIONES POLÍTICAS DEBERÁN COMUNICAR MEDIANTE ESCRITO DIRIGIDO AL DIRECTOR EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, CON UN MÍNIMO DE CINCO DÍAS DE ANTICIPACIÓN EL DÍA, LA HORA Y DIRECCIÓN O LUGAR EXACTOS DONDE SE REALIZARÁ LA ASAMBLEA”

Ahora bien, del considerando décimo, del inciso e), numeral 1, del punto primero de acuerdo, y de esta última disposición, esta Sala Superior, considera que la introducción de la regulación del segundo párrafo, punto tercero, es una regulación complementaria de la regulación del inciso e), numeral 1, punto primero del acuerdo originario, que establece la obligación a las agrupaciones políticas nacionales, aunque de forma preliminar, de agregar a la notificación al Instituto Federal Electoral relativa a su aspiración para constituirse en partido político nacional, una agenda de las posibles fechas y lugares en donde se pretendan llevar a cabo sus asambleas distritales o estatales y la nacional; y que ahora con esta nueva regulación se exige la misma obligación, pero, ahora especificando y haciendo objetiva aquella, consistiendo en que tratándose de las asambleas distritales o estatales que vayan a ser certificadas por un juez municipal, de primera instancia o de distrito, o notario público, deberán comunicar mediante escrito la fecha y lugar exacto donde se realizará la asamblea, con cinco días de anticipación a su realización como mínimo para dar ese aviso al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, de lo anterior, se puede apreciar que la regulación del punto primero, numeral 1, inciso e), es una norma o regulación independiente, y la nueva regulación del punto tercero, segundo párrafo es una norma o regulación dependiente de aquella, en consecuencia en el supuesto caso de que la agrupación política actora, atacara esta última disposición la obligación subsistiría al no haber impugnado aquella obligación originaria de la cual depende y le da vigencia, a esta última.

En relación al agravio reseñado en el inciso d) del numeral 2, en el que la agrupación política actora impugna el punto sexto del acuerdo reformado, se debe decir que es inoperante, pues dicho punto no sufrió reforma, modificación o adición alguna, a través del mismo, consecuentemente es idéntico al contenido del acuerdo original de catorce de noviembre de dos mil, como se puede constatar de la lectura de ambos acuerdos en la tabla que se elabora para tal efecto en este considerando, y a la cual se remite para su lectura a efecto de no recargar innecesariamente esta resolución, de la cual se concluye que no hubo alteración alguna, consecuentemente los argumentos que hace valer el enjuiciante entorno a dicha disposición deben seguir la misma suerte.

En esta tesitura, si la incorporación de las regulaciones mencionadas en el acuerdo original, que la agrupación política actora considera ilegales en el recurso de apelación que nos ocupa, ya se encontraban inmersas como tales, resulta obvio, a la luz de las consideraciones precedentes, que su impugnación tuvo que hacerse dentro del plazo legal, computado con relación a aquél documento inicial, y que como no consta que se haya hecho de esa manera, para los efectos de su impugnación jurisdiccional directa, se impone considerar como no oportuna. su impugnación.

En otras palabras, cuando se impugna un acuerdo mediante el cual se llevan a cabo reformas o adiciones a un cuerpo normativo, como lo son los instructivos, el contenido de la impugnación que se formule contra dicho acuerdo, sólo se puede concretar a las cuestiones que se incorporan por primera vez a las disposiciones reformadas o adicionadas pero no respecto de las que existían y subsisten en la normatividad que es objeto de las reformas y adiciones, pues las disposiciones legales aplicables respecto a los plazos para impugnar los actos de las autoridades electorales, como ya se precisó, prevén claramente que los mismos corren a partir del día siguiente al en que se tenga conocimiento o se notifique el acto o resolución que sea objeto de la impugnación, y no existen disposiciones o principios lógicos o jurídicos de los que se pueda deducir o conocer que cuando un acto determinado es sujeto de una modificación, como es el caso del acuerdo que reforma o adiciona un instructivo, renazca por ese hecho el derecho de impugnación ya extinguido, con relación al contenido inicial del acto de que se trate; es decir, con motivo de la reforma de un instructivo no surge nueva oportunidad para combatir los preceptos, instituciones o modalidades que prevengan desde la normativa anterior y que prevalezcan en ella, por lo cual solo puede ser objeto de la controversia la materia nueva incorporada en el cuerpo modificatorio.

No pasa desapercibido para esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que del propio escrito de demanda del recurso de apelación que nos ocupa, la agrupación política actora no se queja de que haya sufrido menoscabo en su esfera jurídica a través de un acto concreto de aplicación (resolución) del acuerdo reformado que impugna, por parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral, ni esta Sala objetivamente aprecia afectación alguna, pues los actos simplemente probables no generan perjuicio, ya que resulta indispensable que estos perjuicios existan o que haya elementos que hagan inminente esa afectación, y en el caso concreto, la agrupación política actora al haber realizado hasta la fecha únicamente una notificación al Instituto Federal Electoral de su pretensión de constituirse en partido político nacional, hace eventual e hipotético la realización de los demás actos para conseguir el fin deseado, lo que hace presumir que su realización sea eventualmente futura e incierta, aunado a que no existe un acto concreto de aplicación de dicho acuerdo, así esta Sala Superior esta impedida a hacer análisis alguno a este respecto de conformidad con el párrafo 1, del artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Cabe aclarar que, como en el caso también se combate la retroactividad de las nuevas disposiciones creadas en el acuerdo reformativo, lo procedente no es desechar la apelación, en base a la causal de notoria improcedencia contenida en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), en relación con el artículo 8, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como lo solicita la autoridad responsable, sino declarar inoperantes, los agravios, en lo que se refiere a la regulación preexistente, por no poder ser legalmente objeto de estudio en la sentencia. Criterio similar se sostuvo al dictar la sentencia en el expediente SUP-RAP-029/99.

Finalmente, esta Sala Superior, considera que el agravio resumido en el inciso c) del numeral 2, donde la agrupación política actora esencialmente se queja de la retroactividad del acuerdo impugnado es infundado.

Para arribar a la anotada conclusión, se tiene presente, que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza el respeto de las situaciones legalmente establecidas impidiendo que la ley modifique el pasado en perjuicio de las personas; prohíbe que la ley sea retroactiva. Sin embargo, al respecto podría decirse que la ley se aplica indebidamente cuando pretende regir lo que sólo debió ser materia de la ley derogada o abrogada, así se dice que es retroactivo lo que obra sobre el pasado; pero el concepto jurídico de la retroactividad tiene una connotación restringida, porque no basta que una ley obre sobre el pasado para que deba tenérsele por retroactiva; se requiere además, que produzca en esta forma determinados efectos y que perjudique a alguien, si bien, por regla general las normas regulan situaciones posteriores al inicio de su vigencia, esto es, que rigen hacia el futuro, la excepción a esta regla es que regulen situaciones anteriores a su entrada en vigor, debiendo estar tal situación contemplada en la propia ley, lo que no acontece en el caso en estudio.

En este sentido, para esta Sala Superior, resulta ilustrativa y orientadora la tesis jurisprudencial definida por nuestro máximo Tribunal, que se transcribe a continuación:

IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, esta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquellos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá varias los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que lo previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de los consecuencias que a tales supuestos se vinculan.

Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: VI, Noviembre de 1997; Tesis: P./J: 87/97;

En este orden de ideas, para lo que interesa y en atención a la parte in fine de la tesis transcrita, si bien el acuerdo impugnado, modifica y adiciona al acuerdo original, el considerando 11 establece:

“11.- QUE ATENDIENDO AL PRINCIPIO JURÍDICO CONSAGRADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE ESTABLECE QUE A NINGUNA LEY SE DARÁ EFECTO RETROACTIVO EN PERJUICIO DE PERSONA ALGUNA, ÉSTA AUTORIDAD ELECTORAL APLICARÁ LAS MODIFICACIONES QUE POR ESTE ACUERDO SE REALIZAN AL INSTRUCTIVO DE MERITO, A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LAS MISMAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y RESPECTO DE LAS ASAMBLEAS ESTATALES O DISTRITALES QUE SE VERIFIQUEN CON POSTERIORIDAD AL MISMO.”

Lo anterior, pone en evidencia que el acuerdo impugnado recoge una regla general de derecho, de que las  normas que contienen adición o modificación regulan eventualidades posteriores al inicio de su vigencia, es decir, rigen al futuro, tal y como lo contempla, respetando así la irretroactividad de la ley.

Así mismo, esta Sala Superior tiene en cuenta que de las adiciones y la modificación que sufrió a través de la reforma el instructivo, mismos que se relacionaron al final de la tabla que contiene los acuerdos, el original y el reformado, se puede ver que en ningún momento se aplican retroactivamente, pues no rigen actos que se hayan realizado con anterioridad, consecuentemente no pueden producir menoscabo alguno a la esfera jurídica de la agrupación política actora, pues respeta las situaciones concretas nacidas con el acuerdo original, como en el caso en estudio, es la notificación de su propósito de constituirse en partido político nacional al Instituto Federal Electoral de treinta de enero de dos mil uno, regulando con tales adiciones y reforma, situaciones que sucederán con posterioridad a su vigencia,  tal y como lo señala el propio acuerdo que reforma, como son, el aviso definitivo de fecha y lugar exacto de la celebración de las asambleas distritales o estatales, con cinco días de anticipación, y agrupar por separado las originales de las manifestaciones formales  de afiliación de los ciudadanos que no participaron en la asamblea; en consecuencia por no estar aplicado retroactivamente las disposiciones antes descritas en perjuicio de la agrupación política actora, y no afectarle su esfera jurídica tendiente a obtener su registro como partido político nacional, confirma lo infundado del agravio.

A mayor abundamiento, el enjuiciante no señala la manera de cómo se afecta la esfera de sus derechos, ni menciona en lo específico qué regulación de las que sufrieron reforma se le aplicó de manera retroactiva en perjuicio de sus intereses, sin que sea apreciable de esta Sala Superior que se pueda hacer suplencia alguna, pues el agravio no puede ser deducido claramente de los hechos expuestos.

En consecuencia al resultar inoperantes los incisos a), b) y d) e infundado el inciso c), del agravio identificado con el número 2, la misma suerte le depara al agravio identificado con el número 1, en virtud de que como se dijo la operatividad de este último, al ser un agravio general, dependía de aquel en el que hacía valer el mismo agravio, pero fraccionado, específico y particularmente.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E :

ÚNICO. Se confirma el acuerdo número CG36/2001 del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se reforma, modifica y adiciona el instructivo que deberán observar las organizaciones o agrupaciones políticas que pretendan obtener su registro como partido político nacional, de fecha seis de abril de dos mil uno.

NOTIFÍQUESE personalmente a la actora; por oficio a la autoridad responsable, acompañando a ésta, copia de la presente sentencia; y por estrados a los demás interesados.

En su oportunidad archívese el expediente del presente recurso como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia del Magistrado Leonel Castillo González, por estar desempeñando una comisión oficial, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

JOSÉ FERNANDO OJESTO

MARTÍNEZ PORCAYO

  MAGISTRADO     MAGISTRADO

JOSÉ LUIS DE LA PEZA    ELOY FUENTES CERDA

 MAGISTRADA     MAGISTRADO

ALFONSINA BERTA    JOSÉ DE JESÚS OROZCO

NAVARRO HIDALGO    HENRÍQUEZ

 MAGISTRADO

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 FLAVIO GALVÁN RIVERA